Los independentistas de CiU y ERC se olvidaron de patentar la estelada

Estelada patentada por un anti-independentistaSegún explica la exclusiva de La Razon la  Cataluña Independiente de CiU y ERC ni tan siquiera tiene  la patente de la estelada, que habría registrado un empresario anti-independentista de Castellón, José Antonio Blázquez, según certificó el BOE el 25 de julio. La exclusiva no tiene desperdicio: «El dueño de la bandera» declara que ha dado «un no rotundo» a la oferta «de seis ceros» de ceder el registro de la estelada que le habría hecho llegar un bufete de abogados que en la actualidad representa a varios de los hijos de Jordi Pujol. Así lo cuenta Blázquez, aunque el titular de portada dice así: «Los Pujol me han hecho una oferta de seis ceros por la patente». Las declaraciones del empresario dan también para estos titulares: «Puedo prohibir que se venda y se fabriquen copias». «Los ayuntamientos no pueden volver a ponerlas sin mi autorización. Y no se lo voy a autorizar». «Tendría que ir a un notario para comunicar que esa bandera no puede exhibirse y que tiene un titular».

Blázquez, «español antes que nada», se dio cuenta que la «estelada» no estaba registrada. Al no tratarse de una bandera oficial (que no pueden registrarse), sino de un símbolo separatista, se puso manos a la obra. El último recurso, formulado por Esquerra Republicana, fue aceptado a finales del mes pasado (se refería a uno sólo de los 10 dibujos presentados, dado su parecido al logotipo de este partido), por lo que los trámites quedaron concluidos.

En la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPC), con fecha 25 de julio ya había sido registrada a favor de Blázquez la «estelada». Se hace en blanco y negro, porque así lo indica la legislación. «El registro del diseño confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y ha quedado otorgado, sin perjuicio de terceros, por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años contados desde el día de la fecha», dice la resolución.

Fuente: La Razón

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